La Cámara de Diputados sesionará hoy lunes, partir de las 3:00 de la tarde y de manera extraordinaria, para conocer diez contratos de préstamos con diversas entidades internacionales por un monto global de 610.8 millones de dólares.
Los préstamos fueron ratificados por el Senado de la República, el pasado jueves, y entre ellos se destacan los suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 421 millones de dólares.
Los diputados tienen en su agenda, además, el proyecto de resolución mediante la cual se prorroga por 60 días la primera legislatura ordinaria de este año, que termina mañana martes 27.
Los representantes conocerán, también, el proyecto de ley que extiende el régimen jurídico de los bonos emitidos por el Estado Dominicano a la operación de créditos públicos, autorizada mediante la ley 490-08.
De igual modo, discutirán el proyecto de ley que introduce cambios a los límites territoriales de varios Distritos Municipales de San Juan de la Maguana y un Acuerdo de Cooperación Técnica, firmado con Brasil, así como un documento sobre la relación de trabajo, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra, Suiza.
Asambleistas
Mientras que, la Asamblea Revisora de la Constitución conocería mañana martes una modificación a la propuesta sometida por el Poder Ejecutivo en el proyecto de reforma constitucional, sobre el funcionamiento y conformación de la Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Los cambios que se proponen introducir los asambleístas contemplan volver al viejo sistema de 1990, que integraba un único organismo electoral de solo cinco miembros, el cual delegaba en el presidente la mayoría de las decisiones.
El modelo que ha discutido una comisión especial, y que cuenta con el apoyo de asambleístas de diferentes partidos, establece que los asuntos litigiosos entre los partidos y los candidatos serían dilucidados en las cortes civiles ordinarias, en contraposición de la propuesta presidencial que asigna estas atribuciones al Tribunal Suprema Electoral.
De aprobarse esta modificación al proyecto original sometido por el Presidente de la República, la JCE dejaría de ser un tribunal especial.
El proyecto original del Poder Ejecutivo contempla una estructura parecida a la existente, ya que propone el Tribunal Supremo Electoral y una Junta Central Electoral.
El primero manejaría los asuntos contenciosos, la solicitudes de actas de nacimiento y de cambio de nombres, y el segundo se encargaría de los asuntos de administración electoral.
Los préstamos fueron ratificados por el Senado de la República, el pasado jueves, y entre ellos se destacan los suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 421 millones de dólares.
Los diputados tienen en su agenda, además, el proyecto de resolución mediante la cual se prorroga por 60 días la primera legislatura ordinaria de este año, que termina mañana martes 27.
Los representantes conocerán, también, el proyecto de ley que extiende el régimen jurídico de los bonos emitidos por el Estado Dominicano a la operación de créditos públicos, autorizada mediante la ley 490-08.
De igual modo, discutirán el proyecto de ley que introduce cambios a los límites territoriales de varios Distritos Municipales de San Juan de la Maguana y un Acuerdo de Cooperación Técnica, firmado con Brasil, así como un documento sobre la relación de trabajo, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra, Suiza.
Asambleistas
Mientras que, la Asamblea Revisora de la Constitución conocería mañana martes una modificación a la propuesta sometida por el Poder Ejecutivo en el proyecto de reforma constitucional, sobre el funcionamiento y conformación de la Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Los cambios que se proponen introducir los asambleístas contemplan volver al viejo sistema de 1990, que integraba un único organismo electoral de solo cinco miembros, el cual delegaba en el presidente la mayoría de las decisiones.
El modelo que ha discutido una comisión especial, y que cuenta con el apoyo de asambleístas de diferentes partidos, establece que los asuntos litigiosos entre los partidos y los candidatos serían dilucidados en las cortes civiles ordinarias, en contraposición de la propuesta presidencial que asigna estas atribuciones al Tribunal Suprema Electoral.
De aprobarse esta modificación al proyecto original sometido por el Presidente de la República, la JCE dejaría de ser un tribunal especial.
El proyecto original del Poder Ejecutivo contempla una estructura parecida a la existente, ya que propone el Tribunal Supremo Electoral y una Junta Central Electoral.
El primero manejaría los asuntos contenciosos, la solicitudes de actas de nacimiento y de cambio de nombres, y el segundo se encargaría de los asuntos de administración electoral.
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