MADRID.- La denominada 'guerra del agua' ha vuelto a tomar posiciones en el Congreso. El Pleno ha aprobado la toma en consideración de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aunque los portavoces de los diferentes grupos han dejado claro que lo adecuarán al interés general, sobre todo en el apartado de la política hidráulica.
La propuesta fue aprobada por 315 votos a favor, tres en contra —dos diputados del Partido Popular en Murcia que rompieron la disciplina de voto y la parlamentaria Rosa Díez, de UPyD— y ninguna abstención.
El Estatuto, el primero que ha llegado con la unanimidad del Parlamento proponente, entra en el trámite de enmiendas, donde los grupos tratarán de buscar una solución a la disposición adicional que propone el final del trasvase Tajo-Segura en el año 2015y que topa con el rechazo frontal de Murcia y de la Comunidad Valenciana.
El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, advirtió de que, si la reforma del Estatuto de Autonomía es aprobada en el Congreso de los Diputados "devaluado" o el texto es "modificado sustancialmente sin que los intereses de la región se vean reconocidos", pedirá a las Cortes regionales que lo retiren. Después, dijo, "seguiremos luchando". Barreda abogó por conseguir en toda España "otra cultura del agua" basada en "soluciones globales".
Al presentar su propuesta de actualización del Estatuto, Barreda dijo que el texto está configurado partiendo de que Castilla-La Mancha es "hoy muy diferente" debido a "aceleradores históricos", pero añadió que no quiere apoyarse "en el agravio y la envidia" a los vecinos, porque sus ciudadanos son "la parte de un todo".
"La mayoría de los días", dijo el presidente autonómico, "el canal artificial del río que se deriva hacia el Segura lleva 20 hectómetros cúbicos, mientras a su paso por Aranjuez ni siquiera lleva los 6 mínimos que establece la ley".
Barreda dijo no descalificar esta infraestructura "por franquista", sino "por ineficaz, inservible y obsoleta a medio y largo plazo", y recordó que en el inicio de las manifestaciones contra el trasvase, el entonces concejal Arturo García-Tizón —hoy diputado nacional del PP— ya aseguraba que se ponía en peligro el futuro de la zona, y que entonces "lo más grave fue la reducción de caudales circulantes, de 30 a 6 metros cúbicos por segundo".
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