SANTO DOMINGO.- El Ayuntamiento del municipio de Villa Altagracia designó cinco regidores por encima de los que establece la Ley 3455 sobre organización Municipal, pagó millones de pesos por concepto de nóminas designadas por los regidores, quienes también se hicieron préstamos personales de 300 mil pesos cada uno para compra de vehículos de los recursos que recibe ese cabildo.
Así lo revela el informe rendido por la comisión especial designada por la Cámara de Diputados para estudiar el caso de irregularidades en ese ayuntamiento, la cual recomendó acusar por ante el Senado de la República al síndico Pedro Peralta, la vicesíndica Miriam Santana de León, así como a los regidores Santos Báez, Luisa Suero Lorenzo, Maximina Sánchez, Evelyn Andujar matos, Tomás Reyes Martes y Rubén Darío Mejìa Solano, por mala conducto y la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
De acuerdo con el texto del informe de la comisión, que preside el diputado Mario Fernández Saviñón, los acusados habrían violado el artículo 2 de la Constitución de la República, el artículo 21, literal C de la Ley de Municipios y los artículo 32, 47,48 y 52 de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, entre otras.
La comisión comprobó que ese ayuntamiento pagó cheques a cargo de nóminas por un monto de un millón 641 mil 300 pesos, que solo tenía anexo como soporte un listado de personas y copia de un acuerdo conocido como "Acuerdo para una Efectiva Gobernabilidad en el Ayuntamiento de Villa Altagracia"
Según el informe, fruto de ese mismo acuerdo, fueron designados cinco regidores al margen de la ley, ya que así se lo declaró el regidor Santos Báez.
Explica que el síndico Pedro Peralta poseía una porción de terreno de aproximadamente tres tareas en la comunidad de Hormigo y que las cedió a su abogado, a quien meses después esa porción de terreno, que su costo real no supera los 150 mil pesos, fue comprada a esa persona por el Ayuntamiento a un costo de 4 millones de pesos.
"En fecha 02 de mayo del 2007 se firmó el acto de venta bajo firma privada entre los señores Manuel de Jesús Ramírez Veloz, vendedor, y pedro Peralta, síndico del Ayuntamiento del Municipio de Villa Altagracia, comprador", señala el informe.
Según la comisión en una comunicación dirigida a los regidores el síndico Peral les recuerda que ellos recibieron una recompensa de 300 mil pesos por parte del vendedor del solar.
"En la operación de que se trata, resulta obvio el hecho de que se trata de una simulación en perjuicio del ayuntamiento y en beneficio del propio síndico municipal, sobre todo, cuando se afirma que el supuesto vendedor es su abogado y cuando las propiedades circundantes en extensiones similares, en la comunidad indicada no pasan de una tasación de unos RD50, 000.00 pesos la tarea", sostienen los legisladores en su informe.
A esa anomalía le agregan que en ningún momento el síndico y los regidores pensaron en someter la venta a un proceso de tasación y licitación como manda la Ley 340 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, para que se pudiera establecer claramente su valor real.
"El hecho de que por propia imputación del síndico en su correspondencia a los regidores, indicara que los integrantes de la Sala Capitular habían sido gratificados por la operación, es un hecho concluyente que contamina la operación y hace pasible ser retenida como una falta grave, pasible de ser elemento de convicción en un juicio político", precisa el informe.
Entre los elementos utilizados para acusar al síndico y los regidores ante el Senado de la República la comisión también cita el caso en el que el Ayuntamiento lanzó varios camiones de bausa en plena autopista.
El informe fue depositado en la Secretaría del Congreso y según expresó el presidente de la Comisión el próximo martes podría ser colocado en agenda para su conocimiento y aprobación.
SANTO DOMINGO.- El Ayuntamiento del municipio de Villa Altagracia designó cinco regidores por encima de los que establece la Ley 3455 sobre organización Municipal, pagó millones de pesos por concepto de nóminas designadas por los regidores, quienes también se hicieron préstamos personales de 300 mil pesos cada uno para compra de vehículos de los recursos que recibe ese cabildo.
Así lo revela el informe rendido por la comisión especial designada por la Cámara de Diputados para estudiar el caso de irregularidades en ese ayuntamiento, la cual recomendó acusar por ante el Senado de la República al síndico Pedro Peralta, la vicesíndica Miriam Santana de León, así como a los regidores Santos Báez, Luisa Suero Lorenzo, Maximina Sánchez, Evelyn Andujar matos, Tomás Reyes Martes y Rubén Darío Mejìa Solano, por mala conducto y la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
De acuerdo con el texto del informe de la comisión, que preside el diputado Mario Fernández Saviñón, los acusados habrían violado el artículo 2 de la Constitución de la República, el artículo 21, literal C de la Ley de Municipios y los artículo 32, 47,48 y 52 de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, entre otras.
La comisión comprobó que ese ayuntamiento pagó cheques a cargo de nóminas por un monto de un millón 641 mil 300 pesos, que solo tenía anexo como soporte un listado de personas y copia de un acuerdo conocido como "Acuerdo para una Efectiva Gobernabilidad en el Ayuntamiento de Villa Altagracia"
Según el informe, fruto de ese mismo acuerdo, fueron designados cinco regidores al margen de la ley, ya que así se lo declaró el regidor Santos Báez.
Explica que el síndico Pedro Peralta poseía una porción de terreno de aproximadamente tres tareas en la comunidad de Hormigo y que las cedió a su abogado, a quien meses después esa porción de terreno, que su costo real no supera los 150 mil pesos, fue comprada a esa persona por el Ayuntamiento a un costo de 4 millones de pesos.
"En fecha 02 de mayo del 2007 se firmó el acto de venta bajo firma privada entre los señores Manuel de Jesús Ramírez Veloz, vendedor, y pedro Peralta, síndico del Ayuntamiento del Municipio de Villa Altagracia, comprador", señala el informe.
Según la comisión en una comunicación dirigida a los regidores el síndico Peral les recuerda que ellos recibieron una recompensa de 300 mil pesos por parte del vendedor del solar.
"En la operación de que se trata, resulta obvio el hecho de que se trata de una simulación en perjuicio del ayuntamiento y en beneficio del propio síndico municipal, sobre todo, cuando se afirma que el supuesto vendedor es su abogado y cuando las propiedades circundantes en extensiones similares, en la comunidad indicada no pasan de una tasación de unos RD50, 000.00 pesos la tarea", sostienen los legisladores en su informe.
A esa anomalía le agregan que en ningún momento el síndico y los regidores pensaron en someter la venta a un proceso de tasación y licitación como manda la Ley 340 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, para que se pudiera establecer claramente su valor real.
"El hecho de que por propia imputación del síndico en su correspondencia a los regidores, indicara que los integrantes de la Sala Capitular habían sido gratificados por la operación, es un hecho concluyente que contamina la operación y hace pasible ser retenida como una falta grave, pasible de ser elemento de convicción en un juicio político", precisa el informe.
Entre los elementos utilizados para acusar al síndico y los regidores ante el Senado de la República la comisión también cita el caso en el que el Ayuntamiento lanzó varios camiones de bausa en plena autopista.
El informe fue depositado en la Secretaría del Congreso y según expresó el presidente de la Comisión el próximo martes podría ser colocado en agenda para su conocimiento y aprobación.
